Áreas de Práctica

Derecho Público

Contamos con una sólida práctica en Derecho Público, desde la que asesoramos a empresas, particulares y administraciones en su relación con el sector público, tanto en vía administrativa como en sede contencioso-administrativa. Nuestro enfoque combina el conocimiento profundo de la normativa administrativa con una dilatada experiencia procesal, permitiéndonos ofrecer respuestas jurídicas eficaces ante actuaciones o inacciones de las Administraciones Públicas.

Nuestro equipo interviene en procedimientos complejos que exigen un análisis riguroso de la legalidad administrativa y un enfoque estratégico orientado a la defensa de los derechos e intereses de nuestros clientes frente a resoluciones administrativas, licitaciones, sanciones, reclamaciones patrimoniales o conflictos contractuales.

Actuamos en todas las instancias, desde la preparación de escritos administrativos hasta la defensa ante los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo, incluyendo recursos de apelación, casación y cuestiones de inconstitucionalidad.

Derecho Administrativo
  • Recursos administrativos.
  • Derechos de los funcionarios y del personal laboral.
  • Servicios públicos.
  • Infracciones administrativas.
  • Procedimientos sancionadores.
Contratación Pública
  • Asesoramiento a entidades privadas.
  • Preparación de licitaciones.
  • Impugnación, interpretación, modificación y resolución de contratos del sector público.
Contencioso Administrativo
  • Asesoramiento preventivo dirigido a evitar las contiendas judiciales.
  • Procedimientos Abreviados.
  • Procedimientos Ordinarios.
  • Tutela de Derechos Fundamentales.
Real Decreto 723/2026: el nuevo estándar de transparencia en la información que toda empresa debe entregar a su plantilla

Real Decreto 723/2026: el nuevo estándar de transparencia en la información que toda empresa debe entregar a su plantilla

Desde el 5 de octubre de 2026 está en vigor el Real Decreto 723/2026, que sustituye una regulación vigente durante casi tres décadas y convierte el deber de informar sobre las condiciones de trabajo en un verdadero ejercicio de transparencia documentada. La información debe entregarse ahora antes del inicio de la relación laboral y abarca materias tan sensibles como la retribución variable, la jornada irregular o el uso de algoritmos en la toma de decisiones.

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