El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sentado doctrina: la indemnización por despido improcedente, regulada en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, no admite incrementos por vía judicial. Esta sentencia refuerza la uniformidad y previsibilidad del sistema laboral español, frente a los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales, cuyas decisiones carecen de efectos vinculantes en nuestro ordenamiento.